por Javier Contreras Nieto
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15 de abril de 2024
La reforma constitucional de 2011 en México marcó un hito en la incorporación de los derechos humanos al marco jurídico nacional, alineando el ordenamiento jurídico del país con los tratados internacionales en la materia y estableciendo el principio "pro persona" para asegurar la máxima protección de los derechos de las personas. Esta transformación prometía una evolución hacia una sociedad más justa y equitativa, colocando los derechos humanos en el centro de todas las acciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Sin embargo, más de una década después, existe una brecha significativa entre la promesa de esta reforma y su implementación práctica, atribuible en gran medida a la falta de herramientas adecuadas para su utilización óptima. El nuevo sistema constitucional mexicano representa un paradigma avanzado en la protección de los derechos humanos, otorgando a estos derechos un carácter universal, interdependiente, indivisible y progresista. Esta visión ampliada debería permitir a todos los operadores jurídicos –desde abogados hasta jueces– aplicar los principios de derechos humanos de forma transversal en la interpretación y aplicación de las leyes. Sin embargo, la realidad práctica muestra desafíos importantes para materializar estas promesas, principalmente debido a la falta de acceso a información actualizada y relevante que permita a los profesionales del derecho aplicar efectivamente el marco de derechos humanos a casos específicos. La falta de herramientas digitales eficientes que faciliten la búsqueda y análisis de jurisprudencia y tesis relacionadas con los derechos humanos es uno de los obstáculos más evidentes. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros organismos han hecho esfuerzos para digitalizar sus acervos, la experiencia de búsqueda y análisis sigue siendo laboriosa y poco intuitiva. La información está dispersa en múltiples plataformas y bases de datos, con interfaces no diseñadas para una búsqueda eficiente según criterios específicos de derechos humanos. Esto no sólo impide que los operadores jurídicos accedan rápidamente a la información necesaria para fundamentar sus argumentos y decisiones sino que también limita la capacidad de estudiar tendencias jurisprudenciales y doctrinales en materia de derechos humanos. La consecuencia directa de esta deficiencia es una subutilización del marco de derechos humanos en la práctica jurídica cotidiana. Los casos que requieren una interpretación amplia y actualizada de los derechos humanos a menudo se resuelven sin aprovechar plenamente el potencial del nuevo sistema constitucional. Esto no sólo afecta la calidad de la justicia impartida a los ciudadanos sino que también obstaculiza el progreso hacia una sociedad que realmente coloque los derechos humanos en el centro de todas sus acciones. Para superar este desafío, es imperativo desarrollar y promover el uso de herramientas digitales avanzadas que permitan a los operadores jurídicos acceder fácilmente a una base de datos unificada y actualizada de jurisprudencia, tesis y literatura relevante en materia de derechos humanos. Una plataforma que emplee tecnologías de inteligencia artificial para ofrecer búsquedas y análisis legales eficientes podría transformar radicalmente la forma en que se aplican los derechos humanos en México. Esto no sólo agilizaría el trabajo de los profesionales del derecho sino que también promovería una mayor coherencia y profundidad en la aplicación de los principios de derechos humanos en el sistema judicial mexicano. En conclusión, el nuevo sistema constitucional mexicano proporciona un marco sólido para la protección de los derechos humanos, pero su potencial sigue parcialmente inexplorado debido a la falta de herramientas apropiadas para su implementación efectiva. La creación y adopción de plataformas digitales avanzadas representan una oportunidad crucial para cerrar esta brecha, permitiendo a México avanzar más rápidamente hacia la plena realización de los derechos humanos para todos sus ciudadanos.